La Morosidad en España: Novedades Legislativas

En febrero de 2011 se aprobó una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que consiste en la refundición de las disposiciones existentes en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Empezamos definiendo lo que es una Directiva y lo que implica para España su aprobación. Una Directiva es una norma de Derecho Comunitario que vincula a los Estados Miembros, como es España, a la consecución de unos resultados, es decir, una disposición normativa que hay que transponer a nuestro derecho interno como norma con rango de Ley, en la que se cumplan las pautas básicas establecidas.

Una Directiva es de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros de la Unión, ya que forma parte de su Ordenamiento Jurídico Interno, pero, se hace necesario que se complemente con una norma de carácter interno, para su efectiva implementación.

Dicho esto, y dejando a un lado el derecho, ¿qué es lo principal que nos exige esta Directiva? La lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no sólo entre empresas, sino también entre empresas y poderes públicos.

Una operación comercial según las definiciones dadas en la Directiva, es la realizada entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o prestación de servicios a cambio de una contraprestación.

Los poderes públicos engloban a los denominados poderes adjudicadores, entendiéndose como tal, las Administraciones Públicas y otros entes, organismos o entidades distintos de las mismas, con personalidad jurídica propia, siempre que estos últimos cumplan unos requisitos establecidos en la Ley.

Actualmente, los pagos por bienes o servicios son efectuados después del plazo establecido al efecto, a pesar de que el suministro de esos bienes o servicios ya se haya realizado. Este tipo de morosidad tiene un impacto negativo en la liquidez de la empresa, complicando así su vida empresarial, no sólo a nivel financiero si no también competitivo.

En un periodo como el que nos encontramos se hace necesario un endurecimiento de las leyes de morosidad, porque, si ya de por sí, el impacto negativo es importante,  en una época de crisis, puede llegar a ser nefasto para una empresa, ya que si no cobra, no puede pagar, y por tanto, podría llegar a entrar en suspensión de pagos.

Aquí, veo importante destacar, que cualquier empresa debe ser capaz de comerciar en cualquier mercado interior en condiciones aceptables que no supongan un riesgo mayor que comerciar en otro mercado, de carácter nacional o supranacional. En este punto, puede llegar a ser interesante, conocer la existencia de un Proyecto de Ley de Unidad de Mercado, en España, para abaratar los costes que suponen cumplir la normativa específica de cada Comunidad Autónoma, para comercializar sus productos, debido a la regularización tan dispar que existe en esa materia.

La Directiva también intenta destacar, que es necesario facilitar el acceso de la PYME a financiación, desarrollándose un marco jurídico y empresarial que ayude en la puntualidad de los pagos en sus operaciones. Esto es algo muy importante, ya que las PYMES son las más afectadas por la morosidad comercial.

Muy importante es el papel de los poderes públicos en esta morosidad, puesto que realizan un volumen considerable de operaciones comerciales tanto con empresas como con las llamadas  profesiones liberales, que quedan cubiertas contra dicha morosidad en esta Directiva. Pero cabe destacar, en este punto, que esta cobertura no obliga al Estado ni debe hacerlo, a tratar a dichas profesiones liberales como empresas o comerciantes fuera del ámbito de aplicación de la misma.

¿Qué implica la Directiva?

La Directiva establece plazos máximos de pago de 60 días en las operaciones que se realizan de empresa a empresa, y plazos máximos de pago de 30 días, en las operaciones que se realiza de empresa a poder público. Aquí, siempre existen excepciones, pudiendo acordarse plazos de pago superiores, siempre que la ampliación no sea manifiestamente abusiva para el acreedor.

Si no se informa sobre el plazo de pago, en operaciones empresa a empresa, este será de 30 días por defecto, en cada uno de los supuestos que recoge la Directiva. Asimismo, en operaciones con poderes públicos, el plazo no excederá nunca de 30 días, se informe o no en el contrato, salvo dos supuestos en el que podrá ser ampliable a 60 días.

Se establece un interés de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento de la deuda, siempre que se cumplan dos condiciones básicas por parte del acreedor: haber cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, y no haber recibido la cantidad adeudada a tiempo, cuando el retraso no sea imputable al deudor. Este interés será exigible en todos los contratos, sin necesidad de haber pactado el mismo en el acuerdo.

El acreedor, tendrá derecho a cobrar, en los casos en que resulte exigible el interés de demora, como mínimo una cantidad fija de 40 Euros, así como, los costes en los que haya podido incurrir a causa de la morosidad de su deudor.

Se clarifica las cláusulas contractuales y las prácticas abusivas en los contratos de operaciones comerciales. Y, además, los Estados miembros deben garantizar plena transparencia sobre los derechos y obligaciones de la Directiva, y, deberán servirse de campañas de promoción, publicaciones y otros medios para incrementar la sensibilización respecto a la morosidad entre empresas y sus vías de recurso.

Esta Directiva deberá transponerse a nuestro Derecho interno, antes de 16 de marzo de 2013, y deberá elevarse un informe por parte de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la misma, en los tres años siguiente.

Por último, este año cambiará nuestro ordenamiento jurídico interno en materia de morosidad. Con esta medida, se espera que el Gobierno consiga reducir la morosidad, no sólo de las operaciones comerciales entre empresas, si no también, de las realizadas también entre una empresa y un poder público, notoriamente moroso o rezagado en el pago hasta ahora.

Como conclusión, deberemos esperar a su transposición, y a que la Ley se aplique como tiene que ser, con mano dura contra la morosidad, previniéndola, de forma que  sirva de ayuda a la situación financiera, en particular, de PYMES y profesionales liberales. ¿Crees que será efectiva la modificación en la Ley que nos depara la Directiva Europea?

Si quieres más información sobre la Directiva, puedes verla de forma completa en el DOUE: Directiva 2011/7/UE Del Parlamento Europeo y del Consejo